Sobre los recientes cambios administrativos en el cine español y la posición del colectivo “Cineastas contra la Orden”

La Ley de Cine aprobada por el parlamento español en el año 2008 satisfacía muchas demandas reclamadas por amplias partes de la industria española desde hacía muchos años. Dicha ley debía ser desarrollada por una serie de normas legales que articulasen y definiesen la puesta en práctica de dichos cambios. En el año 2009 el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) -órgano dependiente del Ministerio de Cultura- empieza a trabajar en la redacción de una nueva Orden Ministerial. Este documento regula, entre otros aspectos, las ayudas estatales al cine y es una de las normas legales más influyentes en la cinematografía española. Tras acceder al primer borrador de la orden un grupo de cineastas españoles (directores, productores, actores, técnicos, críticos, profesores…) decidimos agruparnos en el colectivo Cineastas contra la Orden para mostrar nuestro descontento con el rumbo tomado y tratar de modificar la orden antes de su entrada en vigor.

Desde entonces nuestro colectivo ha realizado diferentes acciones: reuniones con el Ministerio de Cultura y el ICAA, con diferentes asociaciones de productores y técnicos, comunicaciones a prensa y recursos legales presentados en España y en la Comisión Europea. A pesar de nuestros esfuerzos la Orden Ministerial ha sido finalmente aprobada y ya está en vigor. Aún así, una parte importante de la industria comparte la idea de que ciertos aspectos no han sido suficientemente estudiados y tendrán unas consecuencias negativas en la producción cinematográfica. Si esto ocurre y en los próximos meses se revisa la actual normativa queremos presentar unas propuestas consensuadas por el mayor número posible de personas.

Con este texto queremos plantear nuestro punto de vista sobre la nueva normativa para invitar a los cineastas iberoamericanos a un diálogo sobre el tema. Aunque la normativa afecta principalmente a las producciones españolas, también afecta a las coproducciones internacionales y, según nuestro criterio, puede dañar gravemente las coproducciones con Iberoamérica.

La normativa es un texto complejo que regula múltiples aspectos con matices de todo tipo. A nosotros nos ha costado mucho llegar a comprenderlo, por lo que intentar explicar su contenido al detalle es prácticamente imposible. El motivo principal de nuestra oposición se basa en que olvida la dimensión cultural, social y artística del cine, favoreciendo las grandes producciones y marginando las producciones pequeñas y medianas, así como desatendiendo el cine documental, a los que sólo queda el exiguo apoyo de las ayudas sobre proyecto. Este es el resumen de los puntos que nos parecen más importantes.

El sistema de ayudas a la cinematografía en España: antecedentes.

Hasta ahora existían dos tipos de ayudas a la producción de películas, incompatibles entre sí. La primera opción era una ayuda a priori destinada a proyectos de nuevos realizadores: documentales, películas experimentales y de especial interés social o artístico. Se presentaba un proyecto de largometraje, una comisión lo valoraba y se concedía una ayuda a unas 25 obras al año. El segundo tipo de ayuda, a posteriori, se basaba en la recaudación en taquilla de cada producción. Si en las salas de cine españolas conseguía el mínimo de recaudación exigida, se le concedía una ayuda del 33% del coste de la película.

Modificaciones en las ayudas.

Ayudas a la escritura de guiones.

La nueva orden establece que se concederán 15 ayudas de 45.000€, frente a las 25 ayudas de 24.000€ que se concedían hasta ahora. Más dinero para menos guionistas.

Ayudas al desarrollo de proyectos.

Uno de los aspectos positivos de la orden, ya que crea un nuevo modelo de ayuda por el que se apoya la reescritura del guión, el casting, la búsqueda de localizaciones, el acceso a mercados de coproducción, la preparación de trailers, etc. Nuestra única discrepancia son las condiciones de devolución en caso de no completar la película en el plazo previsto, demasiado exigentes.

Ayudas a la producción sobre proyecto. (“a priori”)

Uno de los puntos polémicos, incluso entre nosotros, es el aumento de la cuantía que se puede conceder a un proyecto, incrementada hasta el millón de euros.

Según las declaraciones de los responsables del ICAA, el número de proyectos apoyados cada año a través de estas ayudas será parecido o ligeramente inferior al de años anteriores, unas 20 películas al año. A esta reducción hay que sumar un problema que explicaremos más adelante, provocado por las modificaciones realizadas en las ayudas a la amortización de largometrajes (a posteriori).

A pesar de que la Ley de Cine habla expresamente de la importancia del documental, la nueva orden destina un máximo del 15% del presupuesto de estas ayudas a priori para los proyectos documentales. Al no fijar un mínimo, podrían no apoyar ningún documental. Además, como veremos más adelante, la modificación del sistema de ayudas a posteriori provoca que muy pocos documentales podrán optar por esa vía, lo que en la práctica probablemente provoque un notable descenso de la producción documental.

Ayudas a la amortización de largometrajes (“a posteriori”)

Uno de los pocos puntos positivos modificados en este tipo de ayuda es que para contabilizar los espectadores de una película se van a contemplar no sólo los que la hayan visto en salas comerciales sino también los que la hayan visto en festivales, muestras, museos, alquiler y venta de dvd, descargas de internet gratuitas, etc. A pesar de que puede llevar un tiempo poner en marcha este control de forma efectiva, es un aspecto claramente positivo. Sin embargo, es el único.

Hasta ahora, para solicitar estas ayudas sólo era necesario haber obtenido una cantidad mínima de recaudación en taquilla. A partir de ahora existe una nueva limitación: sólo los proyectos cuyo costo acreditado sea superior a 600.000€ (815.000 dólares) podrán optar a esta ayuda. Y el importe que reciban será muy limitado, ya que, como explicamos más adelante, el grueso de esta ayuda será destinada a películas cuyo coste reconocido sea superior a 2 millones de euros. Este es uno de los cambios más perversos en la nueva normativa, ya que muchas películas pequeñas y medianas antes impulsadas a través de estas ayudas van a tener que financiarse con ayudas a priori. De este modo, muchas más películas competirán por el mismo número de ayudas a priori.

Como decíamos más arriba, en estas ayudas a la amortización las películas con coste acreditado superior a 2.000.000€ (2.723.000 dólares) recibirán un importe muy superior que las películas cuyo coste reconocido sea de entre 600.000€ y 2.000.000€. Es decir, independientemente del reconocimiento del público, la crítica o los festivales, cuanto más cara sea una película más dinero recibirá del estado.

Es difícil calcular esta diferencia porque se basa en un complejo sistema que mezcla el número de espectadores, el presupuesto, el coste reconocido y la inversión del productor. De este cálculo se obtienen unos puntos, a los que se sumarían los obtenidos por la participación en festivales, premios internacionales, paridad de géneros, etc; que determinan la ayuda económica que recibe la película. Según nuestras estimaciones, una película de entre 600.000€ y 1.500.000€ de coste reconocido recibirá una ayuda que rondará los 60.000€ y, excepcionalmente, podría llegar a los 100.000€. Sin embargo, una película que supere los 2 millones de euros de coste reconocido podrá recibir desde 700.000€ hasta 1.500.000€, salvo en el caso de las coproducciones, que desarrollaremos más adelante. Esta diferencia hace que sea muy difícil la producción de películas pequeñas y medianas.

¿Cómo creemos que pueden afectar estos cambios a las coproducciones internacionales, especialmente a las Iberoamericanas?

Las coproducciones internacionales en las que participe un productor español optarán a las ayudas en las mismas condiciones que una película española, con la salvedad de que el límite para las ayudas importantes se fija en 1,5 millones de euros en vez de en 2 millones de euros. Es importante señalar que estas cantidades se refieren a la aportación del productor español, y no a la totalidad del presupuesto de la película.

Esto implica que el coste acreditado por el productor español debe superar los 600.000€ si desea obtener alguna ayuda y, si desea obtener una ayuda significativa, superar 1.500.000€. ¿Cuántas películas van a poder seguir este esquema? ¿Cuántas coproducciones realizadas en los últimos años podrían haberse ajustado a estos presupuestos?

Dado que España carece de otros programas y fondos específicos que permitan la coproducción puramente financiera que sí existen en algunos países europeos (Fond soud, World Cinema Fund o Vision Sud Est, por ejemplo), la única vía que permite cierto retorno financiero al productor español pasa por establecer coproducciones técnico artísticas, y el marco para ello es el ICAA, IBERMEDIA y algunos fondos regionales y programas específicos como RAICES.

En este sentido, también queda invalidado el acuerdo al que se llegó en la Reunión de Autoridades Cinematográficas de Valparaíso (2005), sobre la interpretación concertada del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica. Dicho acuerdo definía que las aportaciones de los países debían medirse en términos cualitativos y no cuantitativos, con lo que se buscaba equilibrar las contribuciones de los países coproductores y facilitar la participación de aquellos con moneda más débil.

Otras consecuencias indirectas.

Estos cambios afectarán también al desarrollo y al espíritu del programa Ibermedia, que desde sus inicios había tenido la clara vocación de estimular las cinematografías latinoamericanas. Un elemento clave para ello era la coproducción minoritaria por parte española, que permitía optimizar el diseño de producción de una película mediante la colaboración técnico artística. Dado que estas coproducciones minoritarias por parte española no serán factibles por lo expuesto anteriormente, el 100 % de las películas que España aprobará en las reuniones del programa Ibermedia serán coproducciones mayoritariamente españolas, con el perjuicio que esto supone para la diversidad cultural, social y temática.

Conclusión.

Este texto es sólo una invitación a un diálogo más amplio que podría tratar temas no mencionados aquí, al no estar directamente regulados por la orden (nombramiento y funcionamiento de las comisiones que conceden las ayudas, posibilidad de crear dos convocatorias anuales en vez de una sola, etc). Durante el proceso seguido este año por nuestro colectivo hemos comprobado que las asambleas, reuniones y comisiones de trabajo nos han permitido profundizar y conocer mejor las estructuras de nuestra industria, así como plantear propuestas y soluciones conjuntas. Esperamos que los cineastas Iberoamericanos se sientan animados a reflexionar con nosotros, aportando su punto de vista sobre estos cambios.

Cineastas contra la Orden

Unha reflexión sobre “Sobre los recientes cambios administrativos en el cine español y la posición del colectivo “Cineastas contra la Orden”

  1. Buenas,

    Hace tiempo que sigo los vaivenes de las ayudas del ICCA en España y después de leer detenidamente el comunicado de “Cineastas contra la orden” me he decidido a poner mi granito de arena en la reflexión. Supongo que mucha gente dirá que por qué no lo he hecho antes etc. Bueno es una pregunta a la que de momento no podré contestar. Simplemente decir que si este es un foro para debatir como deben ser las ayudas estatales a los medios audiovisuales y en concreto al cine, bienvenido sea.

    Estoy de acuerdo en muchas de las opiniones que “cineastas contra la orden” expresa en este comunicado, pero pienso que se han quedado fuera de la reflexión algunos asuntos importantes. Trataré una aquí y espero poder tratar otras en otros post.

    Ya que se habla de las películas documentales decir que me parece de un sin sentido enorme mezclar en las mismas ayudas la ficción y la no ficción y además pedir la misma documentación a cerca de los proyectos. Esto demuestra que las personas que han pensado en esto no tienen ni la menor idea de como se produce cine documental en la actualidad. El concepto de guión en la no ficción es absolutamente diferente y pedir un guión así alegremente de un documental como si de un largometraje de ficción se tratara es absurdo. Resulta mucho más importante saber que control se tiene del tema a tratar, qué acceso a los personajes se tiene (si los hay) así como al material de archivo que haya disponible, por poner dos ejemplos breves.
    Por otro lado el tratamiento que se le da a la no ficción en cuanto a planes de financiación, planes de producción etc., también resulta absurdo. Es sabido por cualquiera que se dedique a esto que la no ficción en general requiere de mucho más tiempo de trabajo de las personas y muchos menos recursos materiales. Además la no ficción se financia de forma muy diferente, tiene más acceso a mercados internacionales y desgraciadamente menos a los nacionales aunque mueve en general cifras mucho más pequeñas de dinero. Nos seguimos encontrando con que se pretende que se planteen las películas documentales como si fueran a salir con 40 copias al mercado cuando todos sabemos que eso es imposible. ¡Por favor no nos obliguen a hacer el paripé! Las cosas cuestan lo que cuestan y se pagan a lo que se pagan. ¿Cómo va a conseguir un productor 700000 euros para una película documental para TV? De ninguna manera, porque es imposible. Así pues en las nuevas ayudas para películas y documentales para TV nos dejan fuera al 90% de los productores. Y yo pregunto, ¿Eso es intencionado, o ha sido un “despiste”? Otra cosa. ¿Por qué pretenden que un productor ponga de su propio bolsillo un porcentaje tan alto de la financiación?, puede que en la ficción esto tenga sentido, pero no lo tiene en el documental porque las posibilidades de retorno son mucho más pequeñas. A cambio hay que decir que el documental es objetivamente más barato de producir, por lo tanto si decidimos entre todos que el estado debe ayudar a que existan buenos documentales, no le costará mucho a las arcas públicas. Además el empleo que se genera en este tipo de producciones es de alta calidad y se sostiene más en el tiempo porque los procesos del cine documental, como dije antes, se alargan en el tiempo. En conclusión me gustaría que entre todos consigamos que se hagan las cosas bien y que no se crucen intereses extraños en todo esto. Seamos sinceros de una vez y no volvamos a generar normas que beneficien siempre a los mismos y que además sean caldo de cultivo para el trapicheo. Las cosas están complicadas y nadie va a poner dinero en el cine para perderlo, nunca se ha hecho y nunca se hará, así que sería mucho mejor que se reconociera abiertamente qué se subvenciona, y por qué, y no tapar las vergüenzas con supuestas inversiones del productor etc. que no se producen nunca en la realidad porque van en contra del sentido común. Y en el caso del cine documental es urgentísimo que se separen las ayudas, que se creen comisiones específicas de documental y se asuma la realidad del mercado en relación con la no ficción pues le saldrá más barato al estado y se generarán más y mejores trabajos.

    Tener una producción sana, independiente y variada de no ficción es, en mi opinión, una necesidad social. Lógicamente habrá quien no este de acuerdo conmigo y crea que no hay que subvencionar esas cosas, bien, pues que lo digan claramente. Pero no desplacen al documental de manera soterrada. Eso es muy feo.

    Juan Luis de No
    Director y productor.

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