Sobre los recientes cambios administrativos en el cine español y la posición del colectivo “Cineastas contra la Orden”

La Ley de Cine aprobada por el parlamento español en el año 2008 satisfacía muchas demandas reclamadas por amplias partes de la industria española desde hacía muchos años. Dicha ley debía ser desarrollada por una serie de normas legales que articulasen y definiesen la puesta en práctica de dichos cambios. En el año 2009 el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) -órgano dependiente del Ministerio de Cultura- empieza a trabajar en la redacción de una nueva Orden Ministerial. Este documento regula, entre otros aspectos, las ayudas estatales al cine y es una de las normas legales más influyentes en la cinematografía española. Tras acceder al primer borrador de la orden un grupo de cineastas españoles (directores, productores, actores, técnicos, críticos, profesores…) decidimos agruparnos en el colectivo Cineastas contra la Orden para mostrar nuestro descontento con el rumbo tomado y tratar de modificar la orden antes de su entrada en vigor.

Desde entonces nuestro colectivo ha realizado diferentes acciones: reuniones con el Ministerio de Cultura y el ICAA, con diferentes asociaciones de productores y técnicos, comunicaciones a prensa y recursos legales presentados en España y en la Comisión Europea. A pesar de nuestros esfuerzos la Orden Ministerial ha sido finalmente aprobada y ya está en vigor. Aún así, una parte importante de la industria comparte la idea de que ciertos aspectos no han sido suficientemente estudiados y tendrán unas consecuencias negativas en la producción cinematográfica. Si esto ocurre y en los próximos meses se revisa la actual normativa queremos presentar unas propuestas consensuadas por el mayor número posible de personas.

Con este texto queremos plantear nuestro punto de vista sobre la nueva normativa para invitar a los cineastas iberoamericanos a un diálogo sobre el tema. Aunque la normativa afecta principalmente a las producciones españolas, también afecta a las coproducciones internacionales y, según nuestro criterio, puede dañar gravemente las coproducciones con Iberoamérica.

La normativa es un texto complejo que regula múltiples aspectos con matices de todo tipo. A nosotros nos ha costado mucho llegar a comprenderlo, por lo que intentar explicar su contenido al detalle es prácticamente imposible. El motivo principal de nuestra oposición se basa en que olvida la dimensión cultural, social y artística del cine, favoreciendo las grandes producciones y marginando las producciones pequeñas y medianas, así como desatendiendo el cine documental, a los que sólo queda el exiguo apoyo de las ayudas sobre proyecto. Este es el resumen de los puntos que nos parecen más importantes.

El sistema de ayudas a la cinematografía en España: antecedentes.

Hasta ahora existían dos tipos de ayudas a la producción de películas, incompatibles entre sí. La primera opción era una ayuda a priori destinada a proyectos de nuevos realizadores: documentales, películas experimentales y de especial interés social o artístico. Se presentaba un proyecto de largometraje, una comisión lo valoraba y se concedía una ayuda a unas 25 obras al año. El segundo tipo de ayuda, a posteriori, se basaba en la recaudación en taquilla de cada producción. Si en las salas de cine españolas conseguía el mínimo de recaudación exigida, se le concedía una ayuda del 33% del coste de la película.

Modificaciones en las ayudas.

Ayudas a la escritura de guiones.

La nueva orden establece que se concederán 15 ayudas de 45.000€, frente a las 25 ayudas de 24.000€ que se concedían hasta ahora. Más dinero para menos guionistas.

Ayudas al desarrollo de proyectos.

Uno de los aspectos positivos de la orden, ya que crea un nuevo modelo de ayuda por el que se apoya la reescritura del guión, el casting, la búsqueda de localizaciones, el acceso a mercados de coproducción, la preparación de trailers, etc. Nuestra única discrepancia son las condiciones de devolución en caso de no completar la película en el plazo previsto, demasiado exigentes.

Ayudas a la producción sobre proyecto. (“a priori”)

Uno de los puntos polémicos, incluso entre nosotros, es el aumento de la cuantía que se puede conceder a un proyecto, incrementada hasta el millón de euros.

Según las declaraciones de los responsables del ICAA, el número de proyectos apoyados cada año a través de estas ayudas será parecido o ligeramente inferior al de años anteriores, unas 20 películas al año. A esta reducción hay que sumar un problema que explicaremos más adelante, provocado por las modificaciones realizadas en las ayudas a la amortización de largometrajes (a posteriori).

A pesar de que la Ley de Cine habla expresamente de la importancia del documental, la nueva orden destina un máximo del 15% del presupuesto de estas ayudas a priori para los proyectos documentales. Al no fijar un mínimo, podrían no apoyar ningún documental. Además, como veremos más adelante, la modificación del sistema de ayudas a posteriori provoca que muy pocos documentales podrán optar por esa vía, lo que en la práctica probablemente provoque un notable descenso de la producción documental.

Ayudas a la amortización de largometrajes (“a posteriori”)

Uno de los pocos puntos positivos modificados en este tipo de ayuda es que para contabilizar los espectadores de una película se van a contemplar no sólo los que la hayan visto en salas comerciales sino también los que la hayan visto en festivales, muestras, museos, alquiler y venta de dvd, descargas de internet gratuitas, etc. A pesar de que puede llevar un tiempo poner en marcha este control de forma efectiva, es un aspecto claramente positivo. Sin embargo, es el único.

Hasta ahora, para solicitar estas ayudas sólo era necesario haber obtenido una cantidad mínima de recaudación en taquilla. A partir de ahora existe una nueva limitación: sólo los proyectos cuyo costo acreditado sea superior a 600.000€ (815.000 dólares) podrán optar a esta ayuda. Y el importe que reciban será muy limitado, ya que, como explicamos más adelante, el grueso de esta ayuda será destinada a películas cuyo coste reconocido sea superior a 2 millones de euros. Este es uno de los cambios más perversos en la nueva normativa, ya que muchas películas pequeñas y medianas antes impulsadas a través de estas ayudas van a tener que financiarse con ayudas a priori. De este modo, muchas más películas competirán por el mismo número de ayudas a priori.

Como decíamos más arriba, en estas ayudas a la amortización las películas con coste acreditado superior a 2.000.000€ (2.723.000 dólares) recibirán un importe muy superior que las películas cuyo coste reconocido sea de entre 600.000€ y 2.000.000€. Es decir, independientemente del reconocimiento del público, la crítica o los festivales, cuanto más cara sea una película más dinero recibirá del estado.

Es difícil calcular esta diferencia porque se basa en un complejo sistema que mezcla el número de espectadores, el presupuesto, el coste reconocido y la inversión del productor. De este cálculo se obtienen unos puntos, a los que se sumarían los obtenidos por la participación en festivales, premios internacionales, paridad de géneros, etc; que determinan la ayuda económica que recibe la película. Según nuestras estimaciones, una película de entre 600.000€ y 1.500.000€ de coste reconocido recibirá una ayuda que rondará los 60.000€ y, excepcionalmente, podría llegar a los 100.000€. Sin embargo, una película que supere los 2 millones de euros de coste reconocido podrá recibir desde 700.000€ hasta 1.500.000€, salvo en el caso de las coproducciones, que desarrollaremos más adelante. Esta diferencia hace que sea muy difícil la producción de películas pequeñas y medianas.

¿Cómo creemos que pueden afectar estos cambios a las coproducciones internacionales, especialmente a las Iberoamericanas?

Las coproducciones internacionales en las que participe un productor español optarán a las ayudas en las mismas condiciones que una película española, con la salvedad de que el límite para las ayudas importantes se fija en 1,5 millones de euros en vez de en 2 millones de euros. Es importante señalar que estas cantidades se refieren a la aportación del productor español, y no a la totalidad del presupuesto de la película.

Esto implica que el coste acreditado por el productor español debe superar los 600.000€ si desea obtener alguna ayuda y, si desea obtener una ayuda significativa, superar 1.500.000€. ¿Cuántas películas van a poder seguir este esquema? ¿Cuántas coproducciones realizadas en los últimos años podrían haberse ajustado a estos presupuestos?

Dado que España carece de otros programas y fondos específicos que permitan la coproducción puramente financiera que sí existen en algunos países europeos (Fond soud, World Cinema Fund o Vision Sud Est, por ejemplo), la única vía que permite cierto retorno financiero al productor español pasa por establecer coproducciones técnico artísticas, y el marco para ello es el ICAA, IBERMEDIA y algunos fondos regionales y programas específicos como RAICES.

En este sentido, también queda invalidado el acuerdo al que se llegó en la Reunión de Autoridades Cinematográficas de Valparaíso (2005), sobre la interpretación concertada del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica. Dicho acuerdo definía que las aportaciones de los países debían medirse en términos cualitativos y no cuantitativos, con lo que se buscaba equilibrar las contribuciones de los países coproductores y facilitar la participación de aquellos con moneda más débil.

Otras consecuencias indirectas.

Estos cambios afectarán también al desarrollo y al espíritu del programa Ibermedia, que desde sus inicios había tenido la clara vocación de estimular las cinematografías latinoamericanas. Un elemento clave para ello era la coproducción minoritaria por parte española, que permitía optimizar el diseño de producción de una película mediante la colaboración técnico artística. Dado que estas coproducciones minoritarias por parte española no serán factibles por lo expuesto anteriormente, el 100 % de las películas que España aprobará en las reuniones del programa Ibermedia serán coproducciones mayoritariamente españolas, con el perjuicio que esto supone para la diversidad cultural, social y temática.

Conclusión.

Este texto es sólo una invitación a un diálogo más amplio que podría tratar temas no mencionados aquí, al no estar directamente regulados por la orden (nombramiento y funcionamiento de las comisiones que conceden las ayudas, posibilidad de crear dos convocatorias anuales en vez de una sola, etc). Durante el proceso seguido este año por nuestro colectivo hemos comprobado que las asambleas, reuniones y comisiones de trabajo nos han permitido profundizar y conocer mejor las estructuras de nuestra industria, así como plantear propuestas y soluciones conjuntas. Esperamos que los cineastas Iberoamericanos se sientan animados a reflexionar con nosotros, aportando su punto de vista sobre estos cambios.

Cineastas contra la Orden

El ICAA da a conocer los comités que evaluarán las ayudas al cine

El Boletín Oficial del Estado publica hoy, viernes 29 de enero, la resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se nombran los vocales componentes de los órganos colegiados para el asesoramiento de las ayudas que otorga el Instituto. Estos son los componentes de las diferentes comisiones:

Comité de ayudas a la producción cinematográfica:
Simón de Santiago Aréizaga
Raúl Díez Rodríguez
Olmo Figueredo González-Quevedo
Xurxo González Rodríguez
Romá Guardiet Bergé
María Luisa Gutiérrez Ortiz
Ángel Izquierdo Nicolás
Paz Lázaro Barquilla
Susana Maceiras Montero
Ana Martínez Álvarez
Eva Muslera Gómez
Puy Oria Rubio
Tessa Renaudo
Xosé Manuel Zapata Pérez
Santos Zunzunegui Díez

Comité asesor de ayudas para la elaboración de guiones y al desarrollo de proyectos:
Salvador Augustín Bautista
Miguel Campion Larumbe
Sol Carnicero Bartolomé
Jorge de Cominges Trias
Nazaret García Crespo
José Fernando Javier León Rodríguez
María Jesús López Monjas
Laura Muñoz Liaño
Jesús Regueira Mauriz
Giovanna Ribes García
Salvador Rubio Gómez
María Velasco González

Comité asesor de ayudas a proyectos culturales y de formación no reglada:
Jacinto García Noda
Concepción Gómez García
Jorge Gorostiza López
Miguel Hidalgo Valdés
Laura Marín Blanco
María Luisa Oliveira Asensi
Pilar Pardo Rubio
Roc Villas Ventura

Comité asesor de ayudas para la producción de películas para televisión y series de animación sobre proyecto:
José María Albendí Fernández
Dolores Ben Pena
Emanuela Bosco
Joana Chilet Martínez
David Cotarelo Comerón
Antonia Escribano García-Conde
Susana Herreras Casado
Ricardo Llorca González
Francisco Rodríguez Ramírez
Jordi Serra Llena

Comité asesor de ayudas a la distribución:
Marta Barreiros Ribao
Isabel Carrasco Gauthier
Fernando de Garcillán Prieto
José Antonio de Luna Aragón
María Iturriagagoitia Bueno
Francisco Javier Palomo Durán
Luis Roca Arencibia
Marta Ros Estrada

Comité asesor de ayudas a la promoción
Antonio Carballo Sánchez
Pedro Peira Postigo
Tania Pinto da Cunha
Luisa Romeo González

Comité asesor de ayudas para la realización de obras audiovisuales con nuevas tecnologías:
Norma Fernández Gómez
Noelia Gorrón Álvarez
Patrick Antonio Juárez Pennant
José Ramón Rodríguez Muñoz
Guillermo Sánchez Maldonado
Gemma Teso Alonso
Alberto Luis Tognazzi Drake
María Yáñez Anllo

Descargar texto completo de la resolución: PDF, 169 KB.

Comunicación sobre el Cine de la Comisión Europea (26/09/2001)

Las normas básicas del Tratado CE sobre las ayudas estatales son las siguientes: el apartado 3 del artículo 88 establece que los Estados miembros están obligados a informar a la Comisión de cualquier proyecto de concesión o modificación de las ayudas antes de su puesta en práctica; el apartado 1 del artículo 87 prohíbe las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen falsear la competencia y el comercio entre los Estados miembros. La Comisión puede, no obstante, eximir determinadas ayudas estatales de esta prohibición. En particular, en el apartado 3 del artículo 87 se enumeran algunos tipos de ayuda que, teniendo en cuenta sus efectos, puede autorizar la Comisión. Una de estas excepciones se recoge en la letra d) del apartado 3 del artículo 87, relativa a las ayudas destinadas a promover la cultura que no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en contra del interés común.

Evaluación de los sistemas de ayudas a la producción cinematográfica y televisiva

a) Respeto del criterio de legalidad general

(…)De acuerdo con tales principios, los regímenes de ayudas no pueden, por ejemplo: reservar las ayudas a los nacionales de un país, exclusivamente; exigir que los beneficiarios sean empresas nacionales establecidas conforme al Derecho mercantil nacional (las empresas establecidas en un Estado miembro que actúen en otro a través de una sucursal o una oficina permanentes deben poder recibir ayudas; además, este requisito de representación solamente debe ser aplicable en el momento del pago de la ayuda), o exigir que los trabajadores de empresas extranjeras que proporcionan servicios cinematográficos respeten las normas de trabajo nacionales.

b) Criterios específicos de compatibilidad en lo relativo a las ayudas estatales a la producción cinematográfica y televisiva

(1) La ayuda se destina a un producto cultural. Cada Estado miembro debe velar por que el contenido de la producción subvencionada pueda clasificarse como cultural según criterios nacionales verificables (de acuerdo con la aplicación del principio de subsidiariedad).

(2) El productor debe poder gastar al menos el 20 % del presupuesto de la película en otros Estados miembros sin sufrir reducción alguna de la ayuda prevista en el marco del sistema. Es decir, la Comisión aceptó como criterio de admisibilidad la territorialización de hasta el 80 % de los gastos del presupuesto de la producción de las películas u obras televisivas subvencionadas.

(3) En principio, la subvención otorgada no debe sobrepasar el 50 % del presupuesto de producción, con objeto de estimular iniciativas comerciales normales inherentes a una economía de mercado y evitar que los Estados miembros compitan entre sí para atraer proyectos. Este límite no se aplica a las películas difíciles y de bajo presupuesto. La Comisión considera que, con arreglo al principio de subsidiariedad, corresponde a cada Estado miembro establecer qué se entiende por película difícil y de bajo presupuesto según parámetros nacionales.

(4) No están autorizadas las subvenciones suplementarias destinadas a actividades cinematográficas específicas (p. ej., postproducción) a fin de garantizar que la ayuda tenga un efecto incentivador neutro y, por consiguiente, que no tenga un efecto de protección/atracción de esas actividades específicas en/hacia el Estado miembro que la concede.

(…) Se considera que los programas de ayuda concebidos de esta manera fomentan la creación de un producto audiovisual, no el desarrollo de una actividad industrial. Por lo tanto, estas ayudas han de ser evaluadas a la luz de la excepción cultural prevista en la letra d) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, y no según la excepción industrial de la letra c) del mismo apartado.

Tomado de la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS JURÍDICOS VINCULADOS A LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Y A OTRAS PRODUCCIONES DEL SECTOR AUDIOVISUAL, 26 de septiembre de 2001. Descargar en PDF.